El Gobierno presenta 12 nuevas medidas para hacer frente al reto de acceso a la vivienda en España
Desde la patronal del sector de la construcción se incide en "la necesidad de un pacto de Estado" que alivie las tensiones del mercado "ante el principal reto del país"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes día 13, en la clausura del foro 'Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar', un conjunto de 12 medidas para fortalecer el derecho a la vivienda, con tres objetivos prioritarios: "más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas".
Sánchez destacó que la crisis no solo limita las oportunidades de los jóvenes y las clases trabajadoras, sino que amenaza con dividir a la sociedad “en propietarios ricos e inquilinos pobres”.
Durante su intervención subrayó que en la última década, los precios en Europa han crecido de media un 48%, casi dos veces más que la renta de los hogares, una tendencia “insostenible”. Bajo este contexto, el Ejecutivo detalló un paquete de actuaciones que calificó de ser “un paso coherente, decidido y firme” en la lucha por garantizar el acceso a un hogar, y que acompañará la reforma de la Ley del suelo, actualmente en trámite parlamentario.
Las doce medidas anunciadas son:
- Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda. El Gobierno ha transferido más de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a esta nueva entidad. A ello se sumarán de manera inmediata 13.000 viviendas de la Sareb, con un objetivo de llegar a las 40.000 de forma progresiva.
- Dotar a la Empresa Pública de Vivienda de un mecanismo legal para que tenga prioridad en la compra de viviendas y suelo.
- Blindaje de la vivienda protegida del Estado para que garantizar que toda vivienda construida con fondos públicos mantiene indefinidamente su titularidad pública.
- Creación de un PERTE para la construcción modular e industrializada, un plan estratégico de innovación en el sector de la construcción, que estará localizado en la Comunidad Valenciana —para contribuir a la reconstrucción tras la devastación de la dana— y buscará reducir los costes y tiempos de construcción, promoviendo métodos más “sostenibles y eficientes”.
- Creación de un sistema de garantías públicas para propietarios e inquilinos, inspirado en el modelo francés, que protejan tanto a los arrendatarios como a los inquilinos, que participen en el alquiler asequible.
- Un programa de rehabilitación de viviendas vacías, que destinará ayudas a quienes rehabiliten inmuebles vacíos y los pongan en alquiler asequible durante al menos cinco años.
- Proponer al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para alquileres asequibles.
- Llevar al Congreso una reforma fiscal de las viviendas turística, para que sean consideradas un negocio y tributen a través del IVA como el resto de las actividades económicas.
- Compromiso para cambiar el régimen de ventajas fiscal de las Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) que promocionen vivienda en alquiler asequible.
- Gravamen fiscal de hasta el 100% del valor del inmueble para extranjeros extracomunitarios no residentes que compren vivienda en España.
- Un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales aumenten inspecciones que combatan el fraude en alquileres temporales.
- Un nuevo Plan Estatal de Vivienda en 2026, con más ayudas y especial atención a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y residentes en zonas degradadas.
Valoración de agentes sociales
Tras darse a conocer esta bateria de propuestas, desde la patronal del sector de la construcción, su presidente, Pedro Fernández Alén (Confederación Nacional de la Construcción, CNC), se puso sobre la mesa "la necesidad de un pacto de Estado" para aliviar las tensiones del mercado "ante el principal reto del país". Desde CNC se valora "toda medida que busque estimular la oferta de vivienda, liberar suelo edificable y promover bonificaciones fiscales que, bien encaminadas, pueden incrementar cualitativamente el parque inmobiliario". Un aumento de oferta que, a su juicio, sería más eficaz que el intervencionismo plasmado en algunas medidas desglosadas y que podrían terminar agravando la inseguridad jurídica.
Según cuantifican desde la patronal en nota de prensa, se tendrían que construirse 220.000 viviendas anuales para empezar a aliviar los problemas del mercado y poder alcanzar la velocidad de crucero de 150.000 en cinco años. "Vemos más conveniente reforzar la colaboración público-privada que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos aprovechar la capacidad, experiencia y dinamismo de las empresas para ofrecer servicios, también de gestión, que desde las administraciones no serían factibles desde el punto de vista presupuestario, ni razonable ante el valioso tejido empresarial del que disponemos. "Lo más urgente es desbloquear la Ley del Suelo y plantear una nueva regulación para que cualquier error menor o ausencia de trámite formal o subsanable pueda desterrar un desarrollo urbanístico vivo durante más de diez años", concluye CNC.
Por su parte, CCOO comparte la necesidad urgente de construcción y rehabilitación de vivienda protegida, siendo la creación de una empresa pública de vivienda "un instrumento válido para su consecución", y la regulación de un derecho preferente de adquisición para esa sociedad pública, "una medida positiva, sin perjuicio de analizar los términos de su concreción en el momento en que se produzca".
Asimismo, consideran como "la medida más necesaria e importante" el anuncio del blindaje del parque público de vivienda protegida, "una de nuestras demandas históricas". "En CCOO volvemos a reivindicar nuestra propuesta de destinar al menos el 1% del PIB a políticas de vivienda, con promoción y financiación pública, pero también captando ahorro privado, minorista e institucional, que permita operar a entidades sin ánimo de lucro y con una nueva regulación de asociaciones de lucro limitado, siendo el Fondo de Inversión en Vivienda Asequible (FIVA, que presentamos como propuesta pública el pasado 17 de octubre de 2024) un instrumento útil para este objetivo".